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Del conflicto a la oportunidad: participación ciudadana en el desarrollo urbano

"Existen muy buenas razones para creer que la participación directa de los ciudadanos, vecinos o propietarios permitirá a los gestores urbanos contribuir con propuestas urbanas de mayor calidad y fortaleza en esta materia. Esto favorecerá a que ellas sean implementadas con éxito (además de su aceptación de largo plazo) y que, con ello, logremos mejores ciudades y barrios."

Artículo publicado en El Diario Financiero el 21 de septiembre del 2006, de Luis Eduardo Bresciani, Jefe División de Desarrollo Urbano Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.


Uno de los fenómenos emergentes de nuestra sociedad ha sido la “revolución” de comunidades que se oponen a proyectos de desarrollo urbano públicos y privados.

Ha sido común medir el nivel de desarrollo urbano con indicadores “cuantitativos”, tales como el retroceso del déficit habitacional, los kilómetros de pavimentos urbanos o el porcentaje de tratamiento de aguas servidas, por mencionar sólo algunos. Sin embargo, a medida que nuestras ciudades mejoran y más chilenos acceden a mejores servicios urbanos y viviendas, los niveles de insatisfacción y conflictividad frente a la aplicación específica de las políticas urbanas han tendido a aumentar en muchos casos. Entonces, ¿son estos conflictos y niveles de insatisfacción un producto de políticas erradas de desarrollo urbano o de una planificación urbana débil, como algunos sostienen? Mi respuesta es negativa. Aunque las políticas urbanas siempre requerirán de permanentes modernizaciones, la respuesta a esta pregunta está en los aspectos “cualitativos” del desarrollo urbano y, por ello, vinculados a la creciente demanda urbana de procesos participativos más estructurados, que permitan mejorar la calidad de las soluciones a partir de demandas cada día más locales y específicas. Uno de los fenómenos emergentes de nuestra sociedad ha sido la “revolución” de comunidades que se oponen a proyectos de desarrollo urbano públicos y privados. Los debates, a veces irreconciliables, entre autoridades, empresas y grupos de defensa o presión frente a planes reguladores, autopistas urbanas o proyectos habitacionales, se han transformado en parte de un panorama permanente, cuestionando muchas veces las lógicas representativas del sistema democrático. Lo anterior ha llevado a afrontar estos conflictos como una parte inherente del desarrollo urbano moderno, ante lo cual no basta con explicitarlos, ya que se requerirán formas de participación ciudadana que permitan alcanzar los equilibrios necesarios para garantizar mejores proyectos y planes de largo plazo, y no sólo negociaciones donde finalmente nadie gane. Podremos, entonces afirmar que el mejor proyecto u obra urbana no será necesariamente el más costoso, sino aquel que sea capaz de equilibrar de mejor manera las demandas específicas de una comunidad. Desde esta perspectiva, surgen tres poderosas razones que justifican la inclusión temprana de la participación ciudadana en los planes y la implementación de proyectos urbanos. En primer lugar, la participación permite mejorarlos. Algunos autores han señalado que los ciudadanos poseen lo que ellos llaman “Usable Knowledge” (conocimiento útil). Esto es, mientras más información tengan las personas, mayor será la calidad de un plan o un proyecto urbano. En segundo lugar, la participación posibilita resolver los conflictos. Podemos sostener que la participación explícita de múltiples actores y grupos de interés en proyectos y planes urbanos, lejos de ser un problema, permite construir acuerdos y compromisos de largo plazo entre partes comúnmente divergentes, creando una base de apoyo para su implementación. Por último, la participación fortalece el Capital Social. Sabemos que la participación incentiva la creación de organizaciones e interlocutores serios y estables, lo cual es otra condición para un exitoso proceso de acuerdos. De ahí la necesidad de reforzar el “Capital Social” en las políticas urbanas, referido a “los elementos de la organización social, tales como las redes informales, las normas sociales y la confianza entre grupos, que facilitan la coordinación y coopesración para lograr el mutuo beneficio.” (Putnam, 1993) Entendida la participación ciudadana en el desarrollo urbano como el proceso necesario para lograr mayores niveles de satisfacción urbana, es necesario mencionar que el éxito de estos procesos dependerá, no tanto de la voluntad de la autoridad o los ciudadanos, sino que de los mecanismos formales e institucionales que faciliten los acuerdos y aseguren su materialización o, en términos económicos, que reduzcan los costos de transacción. En otras palabras, tenemos el desafío de gobierno de avanzar en un marco legal para participar con derechos y deberes en los inicios del diseño de una propuesta o plan, de contar con instrumentos adecuados de compensación para lograr acuerdos y de crear instancias formales y permanentes para la iniciativa ciudadana en los procesos de desarrollo urbano. Existen muy buenas razones para creer que la participación directa de los ciudadanos, vecinos o propietarios permitirá a los gestores urbanos contribuir con propuestas urbanas de mayor calidad y fortaleza en esta materia. Esto favorecerá a que ellas sean implementadas con éxito (además de su aceptación de largo plazo) y que, con ello, logremos mejores ciudades y barrios.

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